El veto (del latín "yo prohíbo") no sirve para impulsar
cambios, sino para bloquearlos.
Le da al presidente de la República la posibilidad de
frenar, por su sola voluntad, una decisión adoptada por
la mayoría absoluta de ambas cámaras. Semejante poder
puede usarse para cualquier cosa, pero no debería ser empleado
para imponer al país una opinión individual sobre
cuestiones presuntamente "filosóficas" o "biológicas".
En esta ocasión, el poder de vetar se aplica, además,
para dejar vigente una norma penal de 1938 que viola
derechos básicos de la mayoría de la población, y que la
mayor parte de los ciudadanos, según todas las encuestas,
rechaza desde hace muchos años. Una norma que el Poder
Legislativo no respalda, que el Poder Judicial sabe que
no corresponde aplicar, y cuyo cumplimiento el propio
Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Interior,
se abstiene de imponer. Pero que el presidente Tabaré
Vázquez ha decidido, por sí y ante sí, mantener en pie,
contra la opinión de la organización política que lo llevó
a la Presidencia en sus listas, e incluso de la mayoría de
sus propios ministros.
Esta actitud se puede calificar de muchas maneras,
pocas de ellas publicables sin incurrir en el delito de desacato
por ofensa. Si hay un adjetivo que de ninguna manera
se le puede aplicar es "progresista".
Hoy 19hs. Protesta contra el veto en la Plaza Libertad
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